Lunes 9 de enero de 2006Chile no brinda a pequeños indocumentados este derecho humano básico
Negar atención médica a un niño sin papeles parece un insano descriterio. Pero ocurre. Centenares de menores arribados en su mayoría desde otros países sudamericanos sufren esta clase de discriminación a la espera, claro, de que la Convención sobre los Derechos del Niño deje de ser un lindo papel en medio de una realidad que, así como está, enferma.
Antonio Valencia
La Nación
Antonio Valencia
La Nación
No podía con su garganta. La fiebre, el malestar general, la insufrible tos y una cabeza a punto de estallar convertían la vida de Jonathan en un pequeño infierno. Raquel, la desesperada madre, no tenía otra opción que arreglárselas sola. Sabía, con impotencia y rabia, que acudir al consultorio resultaba un esfuerzo inútil, paradójicamente sin destino, que en lugar de ayuda hubiese recibido un feo portazo en la cara.
“Mi hijito estaba mal, muy mal. Llegaba a tiritar. No podía ni hablar. Pero ir al consultorio no tenía sentido si nunca lo han querido atender, siempre han rechazado atenderlo”, reclama Raquel. Era invierno y sólo atinó a ir de farmacia en farmacia cargando el drama, preguntando cómo aliviar síntomas y, desde luego, consiguiendo medicinas al alcance de su estrecho bolsillo. Jarabe, antipirético y agua, mucha agua fue la receta casera.
Jonathan completó dos semanas sin atención médica alguna.
Raquel no puede olvidar el episodio y vive con el permanente temor a que algo grave ocurra y ya no baste con los consejillos farmacéuticos para sanar a su hijo que hoy tiene ocho años. Desde que arribó a Chile en 2003 -cinco años después que su madre- Jonathan jamás ha sido revisado por un doctor, no conoce los exámenes de rutina, ni menos una atención específica.
“Yo hasta ahora no sé si carga alguna enfermedad, pues tampoco tengo dinero para pagar una atención particular”, narra Raquel, madre soltera de 32 años cuyos únicos ingresos -para ella, Jonathan y Arly, su niña de cuatro años- los consigue preparando y vendiendo comida en la comuna de Independencia, Santiago.
“Por suerte mi nenita nació en Chile y recibe la atención necesaria”, se consuela. Caso distinto es el de su hijo. “El nació en Trujillo, Perú, y no tiene carné de identidad chileno, pues no tuve dinero para hacer el trámite cuando correspondía”, confiesa. El problema es que sin la cédula no puede inscribirlo en el consultorio municipal, y si no está inscrito no recibe atención médica. Así es la norma. Inflexible.
Tan inflexible que aún cuando cualquier niño posea una cédula, igual puede verse impedido de recibir atención médica: “Claro, porque como un pequeño no puede inscribirse solo en el consultorio, debe ser inscrito por un adulto, padre o madre, que también debe tener los documentos en orden. Y si por cualquier razón el adulto no tiene su documentación al día, el niño tampoco puede ser inscrito y queda desprotegido”, cuenta Patricia Loredo, del colectivo de inmigrantes 'Sin fronteras'.
“No es justo -interviene Raquel- menos con los niños. Son vidas pequeñas, son personas como todos. Uno llora de desesperación. Da cólera cuando esto pasa y en el consultorio no hacen nada. Una explica y explica la emergencia y no hacen nada”, declara la madre que, encima, ya tiene suficiente con las burlas o agresiones que sufre Jonathan en el colegio. Y claro, pensar en la salud mental de su hijo -cuando ni siquiera le asisten mínimamente su salud física- es otra de las severas marcas que la exclusión y la discriminación van surcando en la vida de un niño.
Fenómeno emergente
Nunca como en la última década el flujo migratorio hacia Chile registró la magnitud y crecimiento que presentan las cifras. El censo de 2002 arrojó los primeros datos de una realidad emergente: un total de 23.150 niños menores de 14 años provenientes de distintos países de América del Sur residen en Chile. El número corresponde al 73,9% de total, pues sumando a los menores que han arribado desde todos los continentes, el dato escala a 34.006.
Una encuesta realizada en la Región Metropolitana en diciembre de 2005 reveló que el 40% de los niños inmigrantes no está inscritos en el sistema de salud público. De ellos, un 29,7% no cuenta con cédula de identidad, documento emitido una vez aprobada la visa otorgada por el Ministerio del Interior.
La cifras aumentan cuando se trata de comunas con mayor concentración de población migrante y los niños no inscritos en la salud pública ascienden al 73,4%. En Santiago, sólo el Consultorio Uno -que depende del Ministerio de Salud y no de la municipalidad- no exige la presentación de la cédula de identidad.
La principal razón del 73,4% de niños no inscritos en consultorios: el insuficiente tiempo de permanencia en Chile no les permite acceder a una visa o cédula, mientras un 55,2% la está tramitando y otro porcentaje no tiene documento alguno.
“Esto supone que aun en el caso de que los padres estuvieran en condiciones de inscribirse en un consultorio de salud con cédula o visa vigente, más del 50% de los niños no puede ser inscrito, y por tanto no tienen acceso a la atención médica ni a cuidados de salud”, señala el libro 'Niños y niñas inmigrantes en Chile: derechos y realidades'.
En la publicación, editada en diciembre de 2004 por el Colectivo Sin Fronteras y la Fundación de Apoyo a la Niñez Desprotegida, se afirma haber constatado que un 15% de casos de niños o niñas, habiendo presentado problemas de salud evidentes durante los seis meses previos a la encuesta, no fueron atendidos en los centros médicos de atención primaria.
Patricia Loredo, de Sin Fronteras, explica que como se trata de un fenómeno de movilidad migratoria nuevo -donde el 59,3% de los niños encuestados ingresó al país a partir de 2003 una vez que sus padres se asentaron de modo permanente- “la normativa chilena no estaba preparada para asumir esta nueva realidad acorde a los tiempos que corren, acorde a las leyes y convenios internacionales suscritos y ratificados por Chile”, dice.
El obstáculo hoy es administrativo y, por cierto, económico: el niño debe necesariamente estar inscrito en el consultorio municipal para que el Estado haga entrega de las subvenciones al respectivo recinto asistencial que, a fin de cuentas, brindará la atención en salud requerida. En otras palabras, si no está inscrito el niño, el consultorio no recibe dinero para financiar sus necesidades médicas.
De acuerdo a las cifras entregadas por el Colectivo Sin Fronteras, “sólo para el caso de niños peruanos, bolivianos y ecuatorianos, estamos hablando de cerca de tres mil niños indocumentados que no reciben atención médica como lo establece la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño que Chile firmó y ratificó en 1990”, puntualiza Loredo. “Y eso que nuestra estadística no incorpora la realidad de niños argentinos, que son 14.991, mientras peruanos, ecuatorianos y bolivianos suman unos 6 mil”, advierte.
¿Salud pública?
El número de población infantil inmigrante no es en absoluto un dato menor, menos cuando entra en juego la salud pública. “Si los niños migrantes indocumentados no son parte de las campañas, por ejemplo, de vacunación contra la rubeola, esa importante cantidad de población infantil sin protección ante esa enfermedad contagiosa puede ser determinante a la hora de definir el éxito o fracaso de una campaña de esa naturaleza”, apunta Loredo.
Como sea, hoy no existe ni en las leyes chilenas ni en los reglamentos específicos de los consultorios articulado alguno que haga mención a los derechos de salud de los niños inmigrantes. Tampoco, por ejemplo, lo había para asegurarle el derecho a la educación. Pero luego de un año de trabajo entre Sin Fronteras y el Ministerio del Educación se llegó a elaborar un instructivo que en septiembre de 2005 corrigió la situación. Antes de esa fecha, alrededor del 21% de los niños inmigrantes no tenían acceso al sistema educativo por no contar con la documentación exigida.
En el Colectivo Sin Fronteras mencionan que el paso que falta dar en salud ha tenido algunos avances. “Luego de varias infructuosas gestiones ante diversas instituciones, recién cuando enviamos una carta a La Moneda la eventual solución comenzó a abrirse para que esta realidad invisible a causa de la exclusión cambie. El tema tiene que atenderse no desde el prejuicio, sino desde los derechos y la dignidad del ser humano”, comenta Loredo.
Lo ideal, cuenta, es que la normativa de Fonasa se flexibilice y la sola presentación del pasaporte del niño baste, como ocurre en el caso de la población refugiada, para recibir el auxilio médico. “Es un tema de voluntades, de cambio de unas normas que, se entiende, no fueron hechas pensando en la realidad migratoria que hoy se manifiesta en Chile”, señalan en Sin Fronteras.
En diciembre de 2005 Sin Fronteras logró contactarse con el Minsal para establecer, a través del Programa de Salud del Niño -hoy reformulado-, una mesa de trabajo que de una buena vez comience a resolver la exclusión de estos niños. A priori, no existe un marco legal que impida hacer la modificación administrativa, pues desde la Constitución hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos se asegura la atención médica a toda la población.
El tema no deja indiferente a Álvaro Erazo, director de Fonasa (Fondo Nacional de Salud, de carácter público). De hecho, reconoce que es una materia pendiente pues, si bien la Ley establece que todos los niños menores de 6 años tienen derecho a protección de salud, “hay que avanzar no sólo en el rango de edad, sino en la situación de los menores inmigrantes indocumentados”, sincera. “Éste es un problema que hay que resolver prontamente”, añade.
La ruta que se establece para zanjar la situación, a juicio de Erazo, pasa por un trabajo interministerial entre Salud e Interior, dada la necesidad de regularizar visas o cédulas de identidad. “Necesitamos mejorar legalmente y trabajar coordinadamente entre ministerios, pues el otorgamiento de beneficios de salud está condicionado a la acreditación de la persona”, afirma el director de Fonasa.
Lo claro es que mientras la solución interministerial no llegue, los pequeños indocumentados seguirán desprotegidos al punto que hoy, si uno de ellos cae enfermo, el consultorio le negará la atención.
Mientras lo solución se cuaja en pasillos ministeriales o en memos aún no redactados, Raquel mira a su hijo que juega en calle Barnechea. Jonathan se ve sano y sonríe. Ella también. “Pero sabe -comenta- una se pasa los días pidiendo y rogando ¡ay Dios mío, que por favor no se me vaya a enfermar”. LN
“Mi hijito estaba mal, muy mal. Llegaba a tiritar. No podía ni hablar. Pero ir al consultorio no tenía sentido si nunca lo han querido atender, siempre han rechazado atenderlo”, reclama Raquel. Era invierno y sólo atinó a ir de farmacia en farmacia cargando el drama, preguntando cómo aliviar síntomas y, desde luego, consiguiendo medicinas al alcance de su estrecho bolsillo. Jarabe, antipirético y agua, mucha agua fue la receta casera.
Jonathan completó dos semanas sin atención médica alguna.
Raquel no puede olvidar el episodio y vive con el permanente temor a que algo grave ocurra y ya no baste con los consejillos farmacéuticos para sanar a su hijo que hoy tiene ocho años. Desde que arribó a Chile en 2003 -cinco años después que su madre- Jonathan jamás ha sido revisado por un doctor, no conoce los exámenes de rutina, ni menos una atención específica.
“Yo hasta ahora no sé si carga alguna enfermedad, pues tampoco tengo dinero para pagar una atención particular”, narra Raquel, madre soltera de 32 años cuyos únicos ingresos -para ella, Jonathan y Arly, su niña de cuatro años- los consigue preparando y vendiendo comida en la comuna de Independencia, Santiago.
“Por suerte mi nenita nació en Chile y recibe la atención necesaria”, se consuela. Caso distinto es el de su hijo. “El nació en Trujillo, Perú, y no tiene carné de identidad chileno, pues no tuve dinero para hacer el trámite cuando correspondía”, confiesa. El problema es que sin la cédula no puede inscribirlo en el consultorio municipal, y si no está inscrito no recibe atención médica. Así es la norma. Inflexible.
Tan inflexible que aún cuando cualquier niño posea una cédula, igual puede verse impedido de recibir atención médica: “Claro, porque como un pequeño no puede inscribirse solo en el consultorio, debe ser inscrito por un adulto, padre o madre, que también debe tener los documentos en orden. Y si por cualquier razón el adulto no tiene su documentación al día, el niño tampoco puede ser inscrito y queda desprotegido”, cuenta Patricia Loredo, del colectivo de inmigrantes 'Sin fronteras'.
“No es justo -interviene Raquel- menos con los niños. Son vidas pequeñas, son personas como todos. Uno llora de desesperación. Da cólera cuando esto pasa y en el consultorio no hacen nada. Una explica y explica la emergencia y no hacen nada”, declara la madre que, encima, ya tiene suficiente con las burlas o agresiones que sufre Jonathan en el colegio. Y claro, pensar en la salud mental de su hijo -cuando ni siquiera le asisten mínimamente su salud física- es otra de las severas marcas que la exclusión y la discriminación van surcando en la vida de un niño.
Fenómeno emergente
Nunca como en la última década el flujo migratorio hacia Chile registró la magnitud y crecimiento que presentan las cifras. El censo de 2002 arrojó los primeros datos de una realidad emergente: un total de 23.150 niños menores de 14 años provenientes de distintos países de América del Sur residen en Chile. El número corresponde al 73,9% de total, pues sumando a los menores que han arribado desde todos los continentes, el dato escala a 34.006.
Una encuesta realizada en la Región Metropolitana en diciembre de 2005 reveló que el 40% de los niños inmigrantes no está inscritos en el sistema de salud público. De ellos, un 29,7% no cuenta con cédula de identidad, documento emitido una vez aprobada la visa otorgada por el Ministerio del Interior.
La cifras aumentan cuando se trata de comunas con mayor concentración de población migrante y los niños no inscritos en la salud pública ascienden al 73,4%. En Santiago, sólo el Consultorio Uno -que depende del Ministerio de Salud y no de la municipalidad- no exige la presentación de la cédula de identidad.
La principal razón del 73,4% de niños no inscritos en consultorios: el insuficiente tiempo de permanencia en Chile no les permite acceder a una visa o cédula, mientras un 55,2% la está tramitando y otro porcentaje no tiene documento alguno.
“Esto supone que aun en el caso de que los padres estuvieran en condiciones de inscribirse en un consultorio de salud con cédula o visa vigente, más del 50% de los niños no puede ser inscrito, y por tanto no tienen acceso a la atención médica ni a cuidados de salud”, señala el libro 'Niños y niñas inmigrantes en Chile: derechos y realidades'.
En la publicación, editada en diciembre de 2004 por el Colectivo Sin Fronteras y la Fundación de Apoyo a la Niñez Desprotegida, se afirma haber constatado que un 15% de casos de niños o niñas, habiendo presentado problemas de salud evidentes durante los seis meses previos a la encuesta, no fueron atendidos en los centros médicos de atención primaria.
Patricia Loredo, de Sin Fronteras, explica que como se trata de un fenómeno de movilidad migratoria nuevo -donde el 59,3% de los niños encuestados ingresó al país a partir de 2003 una vez que sus padres se asentaron de modo permanente- “la normativa chilena no estaba preparada para asumir esta nueva realidad acorde a los tiempos que corren, acorde a las leyes y convenios internacionales suscritos y ratificados por Chile”, dice.
El obstáculo hoy es administrativo y, por cierto, económico: el niño debe necesariamente estar inscrito en el consultorio municipal para que el Estado haga entrega de las subvenciones al respectivo recinto asistencial que, a fin de cuentas, brindará la atención en salud requerida. En otras palabras, si no está inscrito el niño, el consultorio no recibe dinero para financiar sus necesidades médicas.
De acuerdo a las cifras entregadas por el Colectivo Sin Fronteras, “sólo para el caso de niños peruanos, bolivianos y ecuatorianos, estamos hablando de cerca de tres mil niños indocumentados que no reciben atención médica como lo establece la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño que Chile firmó y ratificó en 1990”, puntualiza Loredo. “Y eso que nuestra estadística no incorpora la realidad de niños argentinos, que son 14.991, mientras peruanos, ecuatorianos y bolivianos suman unos 6 mil”, advierte.
¿Salud pública?
El número de población infantil inmigrante no es en absoluto un dato menor, menos cuando entra en juego la salud pública. “Si los niños migrantes indocumentados no son parte de las campañas, por ejemplo, de vacunación contra la rubeola, esa importante cantidad de población infantil sin protección ante esa enfermedad contagiosa puede ser determinante a la hora de definir el éxito o fracaso de una campaña de esa naturaleza”, apunta Loredo.
Como sea, hoy no existe ni en las leyes chilenas ni en los reglamentos específicos de los consultorios articulado alguno que haga mención a los derechos de salud de los niños inmigrantes. Tampoco, por ejemplo, lo había para asegurarle el derecho a la educación. Pero luego de un año de trabajo entre Sin Fronteras y el Ministerio del Educación se llegó a elaborar un instructivo que en septiembre de 2005 corrigió la situación. Antes de esa fecha, alrededor del 21% de los niños inmigrantes no tenían acceso al sistema educativo por no contar con la documentación exigida.
En el Colectivo Sin Fronteras mencionan que el paso que falta dar en salud ha tenido algunos avances. “Luego de varias infructuosas gestiones ante diversas instituciones, recién cuando enviamos una carta a La Moneda la eventual solución comenzó a abrirse para que esta realidad invisible a causa de la exclusión cambie. El tema tiene que atenderse no desde el prejuicio, sino desde los derechos y la dignidad del ser humano”, comenta Loredo.
Lo ideal, cuenta, es que la normativa de Fonasa se flexibilice y la sola presentación del pasaporte del niño baste, como ocurre en el caso de la población refugiada, para recibir el auxilio médico. “Es un tema de voluntades, de cambio de unas normas que, se entiende, no fueron hechas pensando en la realidad migratoria que hoy se manifiesta en Chile”, señalan en Sin Fronteras.
En diciembre de 2005 Sin Fronteras logró contactarse con el Minsal para establecer, a través del Programa de Salud del Niño -hoy reformulado-, una mesa de trabajo que de una buena vez comience a resolver la exclusión de estos niños. A priori, no existe un marco legal que impida hacer la modificación administrativa, pues desde la Constitución hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos se asegura la atención médica a toda la población.
El tema no deja indiferente a Álvaro Erazo, director de Fonasa (Fondo Nacional de Salud, de carácter público). De hecho, reconoce que es una materia pendiente pues, si bien la Ley establece que todos los niños menores de 6 años tienen derecho a protección de salud, “hay que avanzar no sólo en el rango de edad, sino en la situación de los menores inmigrantes indocumentados”, sincera. “Éste es un problema que hay que resolver prontamente”, añade.
La ruta que se establece para zanjar la situación, a juicio de Erazo, pasa por un trabajo interministerial entre Salud e Interior, dada la necesidad de regularizar visas o cédulas de identidad. “Necesitamos mejorar legalmente y trabajar coordinadamente entre ministerios, pues el otorgamiento de beneficios de salud está condicionado a la acreditación de la persona”, afirma el director de Fonasa.
Lo claro es que mientras la solución interministerial no llegue, los pequeños indocumentados seguirán desprotegidos al punto que hoy, si uno de ellos cae enfermo, el consultorio le negará la atención.
Mientras lo solución se cuaja en pasillos ministeriales o en memos aún no redactados, Raquel mira a su hijo que juega en calle Barnechea. Jonathan se ve sano y sonríe. Ella también. “Pero sabe -comenta- una se pasa los días pidiendo y rogando ¡ay Dios mío, que por favor no se me vaya a enfermar”. LN
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