Jueves 12 de enero de 2006
Amnistía Internacional (AI) exigió el cierre de la base militar tras presentar nuevos testimonios sobre torturas contra los 500 “combatientes enemigos” que permanecen recluidos, sin cargos ni juicio previo.
La Nación/Agencias
El 11 de enero de 2002, un grupo de 20 sospechosos de pertenecer a la milicia integrista afgana del Talibán y a la red terrorista Al Qaeda llegaron a la base naval de Guantánamo (Cuba), encadenados con grilletes y llevando vendas en los ojos y mascarillas quirúrgicas. En ese momento, la Casa Blanca anunció que su estadía sería “temporal”. Cuatro años después, la veintena de presos se multiplicó a por lo menos 500, y la transitoriedad se ha vuelto permanencia indefinida, sin cargos ni juicio previo.
Hoy por hoy, Guantánamo se ha erigido en el símbolo de la guerra internacional contra el terrorismo que impulsa el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
En primer lugar, los 500 reclusos de la base-prisión estadounidense, pertenecientes a 35 nacionalidades y que en su mayoría fueron detenidos durante la invasión de EEUU a Afganistán (octubre 2001), se encuentran en un limbo jurídico al ser rotulados por Washington como “combatientes enemigos”, una clasificación que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que ha servido para negarles los derechos que las Convenciones de Ginebra exigen para los prisioneros de guerra.
Asimismo, la gran mayoría de los presos no tiene acceso a un tribunal, ni a asistencia legal o visitas de su familia. Muchos permanecen en pequeñas celdas sin oportunidad de hacer ejercicio, o permanecen en régimen de aislamiento por infringir las estrictas reglas del campo. Esto, sin mencionar las avalanchas de denuncias de tortura y malos tratos físicos y psíquicos infligidos por el personal estadounidense.
Según datos del Departamento de Defensa de EEUU, de los 750 presos confinados en Guantánamo desde el 2002, 180 han sido liberados y 76 han sido transferidos a la custodia de otros países. De los restantes, sólo 9 han sido encausados. Esta semana 42 prisioneros están en huelga de hambre. De ellos, 32 son alimentados con la ayuda de una sonda.
Precisamente al cumplirse el cuarto aniversario de la entrada en funciones de Guantánamo, Amnistía Internacional (AI) -que la calificó como “la gran cárcel de la guerra sucia” contra el terrorismo- exigió el cierre de la base militar tras presentar nuevos testimonios sobre apremios ilegítimos contra presos.
“Tenía 15 años cuando fui detenido en Afganistán en 2002. Me trasladaron a Guantánamo, donde me golpearon, me mantuvieron con las muñecas y los tobillos encadenados juntos a un punto fijo en el suelo durante horas, me expusieron a temperaturas extremas, me recluyeron en régimen de aislamiento durante períodos prolongados y me amenazaron con violarme”, señala el testimonio de Omar Khadr, que fue presentado junto a otros por AI en un documento titulado 'Detenidos de Guantánamo: 4 años sin justicia'.
A juicio de la organización humanitaria, los planes de EEUU de juzgar a los detenidos mediante comisiones militares “traerán aún más injusticia”. “Estas comisiones no son independientes y permiten la presentación tanto de pruebas obtenidas mediante tortura o coacción como de testimonios de oídas”, destacó AI en su documento.
Base de EEUU cumplió cuarto aniversario como la gran cárcel de la guerra contra el terrorismo

La Nación/Agencias
El 11 de enero de 2002, un grupo de 20 sospechosos de pertenecer a la milicia integrista afgana del Talibán y a la red terrorista Al Qaeda llegaron a la base naval de Guantánamo (Cuba), encadenados con grilletes y llevando vendas en los ojos y mascarillas quirúrgicas. En ese momento, la Casa Blanca anunció que su estadía sería “temporal”. Cuatro años después, la veintena de presos se multiplicó a por lo menos 500, y la transitoriedad se ha vuelto permanencia indefinida, sin cargos ni juicio previo.
Hoy por hoy, Guantánamo se ha erigido en el símbolo de la guerra internacional contra el terrorismo que impulsa el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
En primer lugar, los 500 reclusos de la base-prisión estadounidense, pertenecientes a 35 nacionalidades y que en su mayoría fueron detenidos durante la invasión de EEUU a Afganistán (octubre 2001), se encuentran en un limbo jurídico al ser rotulados por Washington como “combatientes enemigos”, una clasificación que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que ha servido para negarles los derechos que las Convenciones de Ginebra exigen para los prisioneros de guerra.
Asimismo, la gran mayoría de los presos no tiene acceso a un tribunal, ni a asistencia legal o visitas de su familia. Muchos permanecen en pequeñas celdas sin oportunidad de hacer ejercicio, o permanecen en régimen de aislamiento por infringir las estrictas reglas del campo. Esto, sin mencionar las avalanchas de denuncias de tortura y malos tratos físicos y psíquicos infligidos por el personal estadounidense.
Según datos del Departamento de Defensa de EEUU, de los 750 presos confinados en Guantánamo desde el 2002, 180 han sido liberados y 76 han sido transferidos a la custodia de otros países. De los restantes, sólo 9 han sido encausados. Esta semana 42 prisioneros están en huelga de hambre. De ellos, 32 son alimentados con la ayuda de una sonda.

“Tenía 15 años cuando fui detenido en Afganistán en 2002. Me trasladaron a Guantánamo, donde me golpearon, me mantuvieron con las muñecas y los tobillos encadenados juntos a un punto fijo en el suelo durante horas, me expusieron a temperaturas extremas, me recluyeron en régimen de aislamiento durante períodos prolongados y me amenazaron con violarme”, señala el testimonio de Omar Khadr, que fue presentado junto a otros por AI en un documento titulado 'Detenidos de Guantánamo: 4 años sin justicia'.
A juicio de la organización humanitaria, los planes de EEUU de juzgar a los detenidos mediante comisiones militares “traerán aún más injusticia”. “Estas comisiones no son independientes y permiten la presentación tanto de pruebas obtenidas mediante tortura o coacción como de testimonios de oídas”, destacó AI en su documento.

Comentarios