Domingo 22 de enero de 2006
El retorno de los brujos
Cuatro ex ministros de Pinochet, entre ellos el ex Canciller y secretario de Justicia, Jaime del Valle, y una senadora designada, son parte de la lista de personeros propuesta por la Corte Suprema al Gobierno para ser nombrados abogados integrantes del tribunal.
Jorge Escalante
La Nación
El pasado 17 de enero, los ministros del pleno de la Corte Suprema se reunieron para armar una nómina de 36 nombres en 12 ternas, entre quienes el Presidente de la República debe escoger a los 12 nuevos abogados integrantes de este tribunal para el trienio 2006-2009.
Entre los nominados hay cuatro ex ministros de la pasada dictadura y la ex senadora designada Olga Feliú. Los ex ministros de Pinochet son Jaime del Valle Alliende, Samuel Lira Ovalle, Hugo Musante Romero y Vasco Costa Ramírez.
La inclusión de estos nombres inquietó a organismos y abogados de derechos humanos, que consideran que la inclusión de estos abogados, cualquiera sea su calidad profesional, daña la imagen del Poder Judicial y va en contra del esfuerzo de ese poder del Estado por dejar atrás sus lazos con el pinochetismo.
Los nuevos abogados integrantes deben ser nominados por el Presidente de la República en los próximos días, previa opinión del ministro de Justicia.
En el caso del ex ministro Jaime del Valle (en la foto de arriba, con Pinochet, en la 'época gloriosa' de la dictadura), éste ocupó en 1983 la cartera de Justicia, y a continuación fue Canciller del régimen militar hasta 1987. Del Valle integró como canciller el gabinete político de Pinochet, razón por la cual debe prestar declaración ante el ministro Hugo Dolmestch para ser consultado por el plan elaborado en La Moneda para vengar el atentado a Pinochet en 1986, a raíz del cual resultaron asesinados cuatro opositores.
Samuel Lira fue ministro de Minería del régimen entre 1982 y 1988, y es autor del Código de Minería de 1983.
El general de Justicia (R) de Carabineros Hugo Musante ocupó la cartera de Justicia entre 1974 y 1975. Musante fue además fiscal militar y ministro de la Corte Marcial, pronunciándose reiteradamente por amnistiar las causas por delitos de lesa humanidad.
En el caso de Vasco Costa Ramírez, éste fue ministro de Trabajo y Previsión Social en 1978.
A la ex senadora designada Olga Feliú se le ubica como una de las abogadas que defendió a Colonia Dignidad ante los tribunales y, entre otras causas, tuvo a su cargo juicios de adopciones de niños chilenos de campesinas de la zona, cuestionados en su tramitación. Uno de ellos es el caso del menor de cuatro años J.G.G., adoptado por el segundo jefe de esta asociación ilícita criminal, Hartmut Hopp. El joven se llama ahora Michael Hopp Witthahn.
El retorno de los brujos
Cuatro ex ministros de Pinochet, entre ellos el ex Canciller y secretario de Justicia, Jaime del Valle, y una senadora designada, son parte de la lista de personeros propuesta por la Corte Suprema al Gobierno para ser nombrados abogados integrantes del tribunal.Jorge Escalante
La Nación
El pasado 17 de enero, los ministros del pleno de la Corte Suprema se reunieron para armar una nómina de 36 nombres en 12 ternas, entre quienes el Presidente de la República debe escoger a los 12 nuevos abogados integrantes de este tribunal para el trienio 2006-2009.
Entre los nominados hay cuatro ex ministros de la pasada dictadura y la ex senadora designada Olga Feliú. Los ex ministros de Pinochet son Jaime del Valle Alliende, Samuel Lira Ovalle, Hugo Musante Romero y Vasco Costa Ramírez.
La inclusión de estos nombres inquietó a organismos y abogados de derechos humanos, que consideran que la inclusión de estos abogados, cualquiera sea su calidad profesional, daña la imagen del Poder Judicial y va en contra del esfuerzo de ese poder del Estado por dejar atrás sus lazos con el pinochetismo.
Los nuevos abogados integrantes deben ser nominados por el Presidente de la República en los próximos días, previa opinión del ministro de Justicia.
En el caso del ex ministro Jaime del Valle (en la foto de arriba, con Pinochet, en la 'época gloriosa' de la dictadura), éste ocupó en 1983 la cartera de Justicia, y a continuación fue Canciller del régimen militar hasta 1987. Del Valle integró como canciller el gabinete político de Pinochet, razón por la cual debe prestar declaración ante el ministro Hugo Dolmestch para ser consultado por el plan elaborado en La Moneda para vengar el atentado a Pinochet en 1986, a raíz del cual resultaron asesinados cuatro opositores.
Samuel Lira fue ministro de Minería del régimen entre 1982 y 1988, y es autor del Código de Minería de 1983.
El general de Justicia (R) de Carabineros Hugo Musante ocupó la cartera de Justicia entre 1974 y 1975. Musante fue además fiscal militar y ministro de la Corte Marcial, pronunciándose reiteradamente por amnistiar las causas por delitos de lesa humanidad.
En el caso de Vasco Costa Ramírez, éste fue ministro de Trabajo y Previsión Social en 1978.
A la ex senadora designada Olga Feliú se le ubica como una de las abogadas que defendió a Colonia Dignidad ante los tribunales y, entre otras causas, tuvo a su cargo juicios de adopciones de niños chilenos de campesinas de la zona, cuestionados en su tramitación. Uno de ellos es el caso del menor de cuatro años J.G.G., adoptado por el segundo jefe de esta asociación ilícita criminal, Hartmut Hopp. El joven se llama ahora Michael Hopp Witthahn.
“POR LA VENTANA”
“Es un intento del pinochetismo de meterse a la Corte Suprema por la ventana”, sostiene el abogado querellante en causas de derechos humanos Hernán Quezada. “Llama la atención que en esta nómina se hayan incluido tantas personas que ejercieron importantes cargos de autoridad durante la dictadura, y que ahora pretendan ser abogados integrantes de la Corte Suprema”, dice.
“No me puedo imaginar que en el país no existan otros abogados, con tantos o mejores méritos que ellos, para haber integrado estas ternas. Creo que se ha puesto al Poder Ejecutivo en una situación donde tiene pocas posibilidades para elegir, porque la gran mayoría de los candidatos [36] son de un sector determinado”, sostiene Quezada.
Por otro lado, este abogado alerta respecto del eventual nombramiento de estos abogados integrantes, en cuanto a que en las causas por violaciones de los derechos humanos “ya tienen una opinión formada que apunta hacia un solo lado de la balanza; además, son personas que en cuestiones valóricas tienen una postura extremadamente reaccionaria”.
Quezada llama la atención en el sentido de que la gran mayoría de los 36 nombres propuestos pertenecen al pensamiento de una derecha ultraconservadora.
Entre otros nombres, también postulan los ex ministros de la Corte Suprema Hernán Álvarez García, Osvaldo Faúndez y Raquel Camposano.
“Es un intento del pinochetismo de meterse a la Corte Suprema por la ventana”, sostiene el abogado querellante en causas de derechos humanos Hernán Quezada. “Llama la atención que en esta nómina se hayan incluido tantas personas que ejercieron importantes cargos de autoridad durante la dictadura, y que ahora pretendan ser abogados integrantes de la Corte Suprema”, dice.
“No me puedo imaginar que en el país no existan otros abogados, con tantos o mejores méritos que ellos, para haber integrado estas ternas. Creo que se ha puesto al Poder Ejecutivo en una situación donde tiene pocas posibilidades para elegir, porque la gran mayoría de los candidatos [36] son de un sector determinado”, sostiene Quezada.
Por otro lado, este abogado alerta respecto del eventual nombramiento de estos abogados integrantes, en cuanto a que en las causas por violaciones de los derechos humanos “ya tienen una opinión formada que apunta hacia un solo lado de la balanza; además, son personas que en cuestiones valóricas tienen una postura extremadamente reaccionaria”.
Quezada llama la atención en el sentido de que la gran mayoría de los 36 nombres propuestos pertenecen al pensamiento de una derecha ultraconservadora.
Entre otros nombres, también postulan los ex ministros de la Corte Suprema Hernán Álvarez García, Osvaldo Faúndez y Raquel Camposano.
CONTRACARA
No obstante, para el abogado Jorge Balmaceda, defensor de algunos militares retirados en causas de derechos humanos, la calidad de ex ministros de Pinochet no impide que sean abogados integrantes de la Corte Suprema. “Estas personas han sido propuestas en virtud de sus méritos académicos y su connotada trayectoria profesional de muchos años, y no tiene nada que ver que hayan sido ministros del régimen militar; eso no los inhabilita”, afirma. Frente a las críticas de defensores de los derechos humanos, Balmaceda responde que “todos los abogados de derechos humanos son izquierdistas. Entonces, bueno, Chile tiene que ser un país para todos y no sólo para la izquierda; eso es una democracia”.
El abogado en el ámbito de derechos humanos Héctor Salazar dice que “hoy es impresentable una Corte Suprema que tenga como abogados integrantes y jueces a ex miembros de la dictadura que ocuparon altos cargos de autoridad. Creo que estas personas están inhabilitadas moralmente para integrar la Corte Suprema, independientemente de sus cualidades profesionales”.
Salazar sostiene que por esta vía “se pretende inclinar la balanza” hacia posiciones contrarias a hacer justicia en las causas por delitos de lesa humanidad. “Esto enciende una luz de alerta para el Gobierno, que debe resolver estos nombramientos”, opina Salazar.
No obstante, para el abogado Jorge Balmaceda, defensor de algunos militares retirados en causas de derechos humanos, la calidad de ex ministros de Pinochet no impide que sean abogados integrantes de la Corte Suprema. “Estas personas han sido propuestas en virtud de sus méritos académicos y su connotada trayectoria profesional de muchos años, y no tiene nada que ver que hayan sido ministros del régimen militar; eso no los inhabilita”, afirma. Frente a las críticas de defensores de los derechos humanos, Balmaceda responde que “todos los abogados de derechos humanos son izquierdistas. Entonces, bueno, Chile tiene que ser un país para todos y no sólo para la izquierda; eso es una democracia”.
El abogado en el ámbito de derechos humanos Héctor Salazar dice que “hoy es impresentable una Corte Suprema que tenga como abogados integrantes y jueces a ex miembros de la dictadura que ocuparon altos cargos de autoridad. Creo que estas personas están inhabilitadas moralmente para integrar la Corte Suprema, independientemente de sus cualidades profesionales”.
Salazar sostiene que por esta vía “se pretende inclinar la balanza” hacia posiciones contrarias a hacer justicia en las causas por delitos de lesa humanidad. “Esto enciende una luz de alerta para el Gobierno, que debe resolver estos nombramientos”, opina Salazar.
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