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Confusión por orden de detención preventiva contra Lucía Pinochet

Viernes 27 de enero de 2006
FUE TRAMITADA COMO UNA EXTRADICIÓN POR LA CORTE SUPREMA
La Segunda Sala del máximo tribunal pidió más antecedentes al ministro Carlos Cerda antes de resolver si acoge la orden de apresar a la hija mayor de Pinochet en Argentina. Suprema habría dado tiempo para buscar otra solucion en EEUU.
La Nación
Jorge Molina /Andrea Chaparro

Una suerte de comedia de errores, olvidos, tramitaciones secretas de documentos y divergencias entre ministros generó ayer la solicitud elevada a la Corte Suprema por el ministro Carlos Cerda -en la foto, y que tramita el caso Riggs- para lograr la detención de Lucía Pinochet Hiriart.
Todo comenzó el miércoles, cuando se tuvo la certeza de que habiendo llegado a Estados Unidos la hija del ex dictador había pedido asilo político, argumentando que en Chile existe una persecución política en su contra. Este hecho complicó su expulsión desde el país del norte y su regreso a Chile al notificarse del procesamiento por delitos tributarios y uso de pasaportes falsos.
Cerda tenía claridad de que el escenario era complejo. Por esta razón, y como una forma de ganar tiempo, dictó el martes una orden de captura a Interpol Chile. Paralelamente, habló reservadamente con dos ministros de la Segunda Sala (penal) de la Corte Suprema, Enrique Cury y Alberto Chaigneau, para agilizar la orden de detención que sería enviada hacia Argentina, con miras a una eventual extradición ante la eventualidad de que Lucía Pinochet fuera enviada devuelta de EEUU al país vecino. Y así lo hizo. A última hora del miércoles el documento llegó a la secretaría del máximo tribunal y se le asignó el rol de ingreso Nº 502-2006.
Contactos
Después de estas tramitaciones judiciales, Cerda habló con el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, con los ministros de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, y del Interior, Francisco Vidal. En síntesis, la idea era esperar las negociaciones y los contactos de La Moneda con Estados Unidos en vistas a que Lucía Pinochet fuera expulsada, de modo de evitar que el procedimiento se dilatara innecesariamente.
El magistrado, entonces, se reunió a primera hora de ayer con el presidente (S) de la Suprema, Alberto Chaigneau, y le explicó que el escenario había cambiado. La idea de Cerda era que la Sala no analizara la orden dictada contra Lucía Pinochet, dejando así libre el camino a las gestiones de La Moneda. Chaigneau lo escuchó y todo quedó coordinado.
No obstante, el dictamen de Cerda ya estaba ingresado en el libro criminal del máximo tribunal sin las tradicionales anotaciones que indican el juzgado o autoridad de origen y destino, como también el afectado. Al mismo tiempo tenía el rótulo de extradición pasiva, claramente distinto a una orden de detención, lo que generó confusión sobre el sentido de lo resuelto por Cerda.
En la Suprema se ha hecho costumbre que una solicitud del extranjero o la de un juez chileno, que contenga antecedentes que requieran reserva, tengan una tramitación secreta, para así evitar el acceso de los medios a la información.
De salto en salto
La presentación fue en consulta, pese a la conversación de Cerda con Chaigneau, a la Segunda Sala de la Suprema, que para estos casos actúa como un tribunal de cuenta, es decir, visa la formalidad de una presentación para resolver si se apega a la legislación vigente y si contiene los antecedentes requeridos para una autoridad extranjera. La razón es que toda solicitud de un tribunal chileno debe contar con la información necesaria y detallada de modo que la autoridad extranjera comprenda bien los hechos y no presente cuestionamientos de forma y fondo sobre el documento recibido.
Los integrantes del tribunal, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes María Luisa Jordán, Fernando Castro y el propio Chaigneau, discutieron en la mañana los alcances de la orden que Cerda elevó y resolvieron, por unanimidad, solicitarle mayores antecedentes antes de tomar una decisión final.
Uno de los ministros que participó en la vista de la causa comentó que a Cerda se le pidió que emita un informe que contenga los cargos contra Lucía Hiriart, así como los procesamientos dictados en su contra, entre otros documentos.
Esta decisión de la Suprema, en todo caso, tiene también una doble lectura, porque el mentado informe pedido a Cerda es la forma elegante para esperar que las gestiones gubernamentales permitan la expulsión de Lucía Pinochet desde Estados Unidos a Chile y no hacia Argentina. En caso contrario, la orden de detención con vista a un posible proceso de extradición queda pendiente a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos.
Los hechos
Lucía Pinochet fue encausada por Cerda el pasado lunes como autora de fraude tributario causando un perjuicio fiscal determinado en 453 millones de pesos. Al mismo tiempo la procesó por haber usado pasaportes falsos en sus viajes al extranjero cuando su padre dirigía al país.
Si la hija mayor del ex dictador vuelve a Chile, el probable escenario que le espera es que Cerda revoque la decisión de otorgarle la libertad provisional. Esta decisión podría ser apelada al tribunal de alzada. Pero su huida del país, en momentos en que iba a ser notificada de su procesamiento, hace difícil que los ministros le otorguen ese beneficio, al menos en el corto plazo.
ORDENAN INCAUTAR MÁS PASAPORTES Y COMPUTADORES
El ministro Carlos Cerda ordenó incautar desde las bodegas del Archivo General del Registro Civil, ubicado en Catedral 1772, todos los pasaportes que permitan esclarecer mayores falsificaciones, adulteraciones o modificaciones por parte de la familia Pinochet.
Al mismo tiempo, ordenó a Investigaciones secuestrar los computadores de la entidad donde se pueda almacenar información sobre estos hechos.
La decisión de Cerda, dijeron fuentes judiciales, se debe a que con un testimonio en el proceso sostiene que los Pinochet o terceras personas también habrían usado pasaportes falsos para efectuar labores en el extranjero, aunque no se explicitó de que tipo.
Al cierre de esta edición los detectives habrían dado cuenta al magistrado de la diligencia. Los documentos encontrados, como también los computadores, deberán ser periciados y analizados, tras lo cual se emitirá un informe.
Hay que recordar que Cerda no sólo encausó a Lucía Pinochet y a tres de sus hermanos por el uso de documentos falsificados, sino también a Erica Steeman, funcionaria del Registro Civil, encargada de estas materias.

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