miércoles, 28 de diciembre de 2005escrito por Marcela Valente (IPS)
Buenos Aires.- Vapuleados por el impacto de las recetas neoliberales de la década de 1990, muchos votantes sudamericanos se inclinaron en los últimos años por opciones progresistas. Pero la agenda social de los nuevos gobiernos sigue rezagada. Algunos países marchan lentamente, y otros decepcionan. IPS consultó a un sociólogo, un economista y un politólogo acerca del desafío asumido por partidos, alianzas y movimientos gobernantes de izquierda, centroizquierda o "progresistas" que siendo oposición cuestionaban las políticas de ajuste, desmantelamiento del Estado y apertura a las importaciones en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, y ahora también Bolivia.
Los nuevos gobiernos se imponen, por un lado, mantener el equilibrio fiscal, cumplir los compromisos externos puntualmente y atraer inversiones con sólidas garantías. Pero los votantes esperan también que cumplan las promesas electorales de combatir la pobreza y el desempleo, y distribuir de forma más equitativa la riqueza, en la región del mundo con mayor desigualdad entre ricos y pobres.
Los nuevos gobiernos se imponen, por un lado, mantener el equilibrio fiscal, cumplir los compromisos externos puntualmente y atraer inversiones con sólidas garantías. Pero los votantes esperan también que cumplan las promesas electorales de combatir la pobreza y el desempleo, y distribuir de forma más equitativa la riqueza, en la región del mundo con mayor desigualdad entre ricos y pobres.
Para el sociólogo Atilio Borón, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el reto es realista. "Pero supone un cambio en el paradigma de política económica que hasta ahora los países no están empujando. La experiencia más decepcionante de todas es la de Brasil", sentenció.
La gran expectativa brasileña surgió en enero de 2003 con la llegada al gobierno del primer presidente izquierdista, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, ex dirigente sindical y obrero metalúrgico. Sin embargo, la gestión del Partido de los Trabajadores no logró los avances esperados en materia de actividad económica y creación de empleos.
Lula puede apuntarse algunos logros. La miseria disminuyó de 27,26 a 25,08 por ciento de la población en 2004, informó a inicios de este mes la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro. Esto significa que salieron de la indigencia algo más de tres millones de personas, ocho por ciento de los 40 millones que eran indigentes en 2003. El salario mínimo creció nueve por ciento este año, y el programa de "becas-familia" (un subsidio para las familias pobres) llegó a 6,57 millones de núcleos familiares en 2004, y tiene la meta de llegar a 8,7 millones en 2005 y a 11,2 millones al final del período de Lula, en diciembre de 2006. Pero la política económica de Lula se ha basado hasta ahora en un excesivo ajuste del gasto para asegurar el pago de deudas y en altas tasas de interés para combatir la inflación, una combinación nada novedosa y de efectos recesivos.
En Argentina, donde gobierna Néstor Kirchner desde mayo de 2003, se ve "cierta voluntad de cambiar las cosas, al menos en algunas áreas", opinó Borón. Luego de una dura crisis en 2001, la población viviendo en la pobreza había pasado con largueza el 50 por ciento, para reducirse en los últimos dos años a 40 puntos porcentuales. Pero en lo esencial, el gobierno "se mantiene dentro de los cánones estrictos del consenso de Washington, sin cambios en la orientación de la política económica", abundó.
El llamado consenso de Washington fue un conjunto de políticas de ajuste estructural formuladas en programas del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, entre otras instituciones, a partir de los años 80.
A juicio de Borón, un cambio de fondo en Argentina implicaría avanzar en una reforma impositiva que volviera menos regresivo el sistema tributario. "Vender un auto modelo 1985 genera una obligación tributaria, y vender una empresa de 15.000 millones de dólares no", ejemplificó. Este sistema que no grava la renta financiera, fue heredado de la gestión de Carlos Menem (1989-1999).
En ese período se puso en práctica a pleno el modelo neoliberal en una de las versiones más ortodoxas de la región. "El actual gobierno mantiene ese mismo esquema de impuestos", advirtió el sociólogo.
Borón consideró "también una frustración" el resultado de la gestión del socialista Ricardo Lagos en Chile. Lagos se apresta a finalizar su mandato con un alto índice de popularidad. Sin embargo, durante su administración "hubo progreso económico" pero no una reducción de la desigualdad, sostuvo. La coalición centroizquierdista que gobierna Chile desde 1990 no logró revertir la desigualdad social que dejó el régimen militar. "Chile era uno de los países más igualitarios de América Latina --antes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)-- y ahora se ha convertido en uno de los más desiguales de la región", criticó Borón.. Sin embargo, Chile pudo reducir la pobreza a la mitad, al bajarla de 38,5 por ciento de la población en 1990 a 18,8 este año, mientras la indigencia fue abatida de 12,9 a 4,7 por ciento en el mismo período. Es el primer país latinoamericano en alcanzar el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. La favorita para suceder a Lagos es la socialista Michelle Bachelet, que en enero enfrentará en segunda vuelta electoral a su rival derechista Sebastián Piñera.
El politólogo argentino Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, apuntó que "Chile bajó la pobreza, pero es cierto que no ha progresado significativamente en materia de desigualdad". "En Brasil, los números sociales de 2004 muestran cierto progreso", y en Argentina y Venezuela, pese al crecimiento económico que tendrán este año, "la pobreza se mantiene estable", observó Fraga. "Reducir la pobreza con un crecimiento sostenido es posible. Pero disminuir la desigualdad parece que resulta más difícil", apuntó.
Una acción conjunta de los países de la subregión podría ser efectiva para avanzar en la lucha contra la desigualdad, pero esta posición debe ser liderada por Brasil y Argentina, que son los países de mayor gravitación económica, dijo Borón. "No podemos pedir que vayan al frente Bolivia o Uruguay", explicó. En marzo asumió en Uruguay el primer gobierno de izquierda de su historia. Su presidente, Tabaré Vázquez, puso en marcha un amplio programa social para combatir la pobreza y la indigencia, a cargo del flamante Ministerio de Desarrollo Social.
Mientras, en Bolivia, el campesino Evo Morales arrasó en los comicios generales de este mes, en un triunfo sin antecedentes para un dirigente indígena. "Probablemente, Morales sea una persona más coherente y logre avanzar en el terreno social, apoyado en un fuerte movimiento popular", estimó Borón. En opinión de Borón, el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela "está ensayando un nuevo esquema económico, social y político" que supone salirse "del consenso de Washington. Está haciendo un camino importante, pero no para imitar. Los cambios deben responder a procesos originales de cada país", opinó.
Para José Luis Coraggio, economista y experto en políticas sociales, "no hay razón" para que un gobierno prudente en las cuentas públicas se vea impedido de adoptar medidas que permitan reducir la pobreza y hacer una distribución más justa de la riqueza. "El problema es de voluntad política", remarcó. "En nuestros países, capacidad contributiva hay, lo que ocurre es que hay mucha evasión, y para cambiar eso hace falta mucha voluntad", indicó Coraggio, integrante del Plan Fénix, un grupo de académicos de la Universidad de Buenos Aires formado en 2001 para aportar a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. "Hay atisbos de un nuevo modelo, pero aún estamos lejos", dijo el experto con la mirada en el grupo de países de la subregión que enfrentan el mismo desafío. Coraggio consideró que Argentina y Brasil "avanzan poco y con esfuerzos" en políticas sociales. Mientras "Chile se presenta como el nuevo paradigma de desarrollo, pero allí se habituaron a vivir en un modelo absolutamente desigual", cuestionó el economista. Experto en economía popular y desarrollo local, Coraggio cree que debería buscarse un modelo de economía social, con mejor acceso al crédito, a la tierra y a la tecnología, y con un Estado que cumpliera un rol de "garante del desarrollo".
Para Borón, el argumento de la presunta resistencia de Estados Unidos al desarrollo de América del Sur "es pueril", pero reconoció que "cualquier gobierno empeñado en un programa de cambio se va a enfrentar con tenaces resistencias y formidables adversarios". El sociólogo tampoco cree que se restrinjan las inversiones extranjeras si los gobiernos progresistas avanzan en materia social. Al contrario, "las inversiones van a venir cuando el mercado interno se expanda al total de la población" mediante una mayor capacidad adquisitiva, señaló.
La mayor parte de países de América del Sur ya no sigue la misma orientación económica de los años 90, pero "avanzan muy lentamente hacia un nuevo paradigma". "Se requiere una voluntad política muy clara para ir más a fondo, y por ahora (ésta) no se advierte", sostuvo Borón.
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