lunes, 28 de noviembre de 2005 Ocho organizaciones de derechos humanos y diversas personalidades promotoras y defensoras de los Derechos Humanos han suscrito el documento “Rechazamos la búsqueda de la impunidad ”, el que es una evaluación documentada de lo que ha sido la política gubernamental de la Concertación para el tratamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Dictadura. El documento se sustenta en la serie de acciones gubernamentales que han intentado acallar los anhelos de Verdad, Justicia y Reparación Integral de quienes fueron objeto de la aplicación masiva y sistemática del Terrorismo de Estado en nuestro país. De ahí que señalan lo siguiente:
1. Los avances experimentados respecto de la justicia sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura –incluyendo el reciente procesamiento de Pinochet por la Operación Colombo-, han sido el producto de la constante lucha de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; y del positivo vuelco experimentado por la Justicia chilena luego de la detención de Pinochet en Londres.
2. Sin embargo, ellos se han logrado a pesar de la voluntad sistemática de los Gobiernos de la Concertación por consagrar la impunidad que estableció el régimen militar. De este modo, los Gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos han desestimado el compromiso de la Concertación, de 1989, de derogar el decreto-ley de autoamnistía de 1978; han buscado consagrar legislativamente dicho decreto en varias ocasiones; han promovido otras legislaciones en desmedro de la justicia; han desarrollado acciones u omisiones a favor de la impunidad en casos emblemáticos como los de Carmelo Soria, Bernardo Leighton, Carlos Prats, Eugenio Berríos y Pinochet; y han avalado, en la práctica, posturas del Consejo de Defensa del Estado a favor de la aplicación del decreto-ley de amnistía y en contra de la concesión de indemnizaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos o a familiares de ellos.
3. Dichos gobiernos han fundamentado implícitamente esta búsqueda de impunidad planteando que la reconciliación nacional puede obtenerse exclusivamente en base a ciertas dosis de verdad y reparación respecto de aquellas graves violaciones. Es así que en relación a la extendida práctica de la tortura, el Gobierno de Lagos se avino –luego de persistentes presiones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos– a registrar a sus víctimas (aunque producto de la escasa difusión de ello, estuvo lejos de inscribirse el universo total de ellas); a concederles magras reparaciones (equivalentes a un tercio de lo recomendado por la Comisión Valech); y a consagrar virtualmente su impunidad, al impedirse por ley que los tribunales tengan acceso a las denuncias de tortura presentadas ante dicha comisión.
4. Peor aún, el Gobierno de Lagos ha dado muestras, en su fase final, de pretender alcanzar una supuesta reconciliación, extremando las medidas a favor de la impunidad. Demostración de esto ha sido el insólito indulto a quien degolló alevosamente a Tucapel Jiménez, en circunstancias que fue condenado a la pena extraordinariamente baja de ocho años de cárcel, a que ni siquiera reconoció su participación en el crimen ni menos se arrepintió de él.
5. Esperamos que en mérito de una auténtica reconciliación, basada en la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACION INTEGRAL, el Gobierno desista de continuar en este lamentable camino de búsqueda de la impunidad, que ha querido sellar antes del término de su mandato.
Las organizaciones que firman el documento son la Agrupación de Ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura - Comisión Etica Contra la Tortura – CINTRAS - Departamento de Justicia, Paz y Ecología de la Conferencia de Religiosos de Chile - Coordinadora Nacional de Ex Presas y Presos Políticos – Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En tanto, suscriben también el documento Carmen Hertz, Fabiola Letelier , Helmut Frenz, José Comblin , Felipe Portales y Marcel Claude.
1. Los avances experimentados respecto de la justicia sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura –incluyendo el reciente procesamiento de Pinochet por la Operación Colombo-, han sido el producto de la constante lucha de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; y del positivo vuelco experimentado por la Justicia chilena luego de la detención de Pinochet en Londres.
2. Sin embargo, ellos se han logrado a pesar de la voluntad sistemática de los Gobiernos de la Concertación por consagrar la impunidad que estableció el régimen militar. De este modo, los Gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos han desestimado el compromiso de la Concertación, de 1989, de derogar el decreto-ley de autoamnistía de 1978; han buscado consagrar legislativamente dicho decreto en varias ocasiones; han promovido otras legislaciones en desmedro de la justicia; han desarrollado acciones u omisiones a favor de la impunidad en casos emblemáticos como los de Carmelo Soria, Bernardo Leighton, Carlos Prats, Eugenio Berríos y Pinochet; y han avalado, en la práctica, posturas del Consejo de Defensa del Estado a favor de la aplicación del decreto-ley de amnistía y en contra de la concesión de indemnizaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos o a familiares de ellos.
3. Dichos gobiernos han fundamentado implícitamente esta búsqueda de impunidad planteando que la reconciliación nacional puede obtenerse exclusivamente en base a ciertas dosis de verdad y reparación respecto de aquellas graves violaciones. Es así que en relación a la extendida práctica de la tortura, el Gobierno de Lagos se avino –luego de persistentes presiones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos– a registrar a sus víctimas (aunque producto de la escasa difusión de ello, estuvo lejos de inscribirse el universo total de ellas); a concederles magras reparaciones (equivalentes a un tercio de lo recomendado por la Comisión Valech); y a consagrar virtualmente su impunidad, al impedirse por ley que los tribunales tengan acceso a las denuncias de tortura presentadas ante dicha comisión.
4. Peor aún, el Gobierno de Lagos ha dado muestras, en su fase final, de pretender alcanzar una supuesta reconciliación, extremando las medidas a favor de la impunidad. Demostración de esto ha sido el insólito indulto a quien degolló alevosamente a Tucapel Jiménez, en circunstancias que fue condenado a la pena extraordinariamente baja de ocho años de cárcel, a que ni siquiera reconoció su participación en el crimen ni menos se arrepintió de él.
5. Esperamos que en mérito de una auténtica reconciliación, basada en la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACION INTEGRAL, el Gobierno desista de continuar en este lamentable camino de búsqueda de la impunidad, que ha querido sellar antes del término de su mandato.
Las organizaciones que firman el documento son la Agrupación de Ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura - Comisión Etica Contra la Tortura – CINTRAS - Departamento de Justicia, Paz y Ecología de la Conferencia de Religiosos de Chile - Coordinadora Nacional de Ex Presas y Presos Políticos – Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En tanto, suscriben también el documento Carmen Hertz, Fabiola Letelier , Helmut Frenz, José Comblin , Felipe Portales y Marcel Claude.
* Publicado en www.elclarin.cl
Comentarios