Represión a la delincuencia juvenil: “¿Se nos pasó la mano?”

escrito por Paul Walder
domingo, 16 de octubre de 2005

Santiago.- La delincuencia, como acto, pero más como discurso político, crece y se expande a través de los medios para volver a regresar como declaración, reacción a la declaración o desmentido. A las acusaciones que la derecha hace al gobierno por no ser lo suficientemente riguroso en los castigos a los delincuentes, ahora le ha salido otro tipo de denuncia. La UNICEF ha acusado al gobierno, pero más debiera interpretarse como una acusación a toda la clase política, por haber creado una de las leyes más represivas del mundo para controlar la delincuencia juvenil e infantil. Las críticas de la UNICEF fueron canalizadas el domingo –de forma extraña, habría que agregar- por El Mercurio, periódico que a la vez ha inflado de forma persistente las cifras y acciones delictivas. En la portada de ayer, este periódico publicó declaraciones del representante de la UNICEF en Chile, Egidio Crotti, para quien la reclusión de los jóvenes "afecta una etapa esencial para el desarrollo de la identidad personal y la integración social de los adolescentes; provoca su desocialización al permanecer largos años fuera de la vida familiar y comunitaria, e incluso puede tener como efecto la reproducción de la violencia y la interiorización de conductas delictivas". Según Crotti, “aplicar una pena de 10 años de reclusión a un joven de 16 años, que al cumplir los 18 pasará a una cárcel de adultos, permite proyectar una casi segura carrera delincuencial. Por ello, plantea como una alternativa indispensable para enfrentar la delincuencia juvenil el que se establezca un sistema sólido para controlar las penas alternativas a la reclusión”.
Como se sabe, el Senado aprobó la semana pasada una nueva ley que reduce la responsabilidad penal a los 14 años y endurece las penas. Esta legislación establece penas de hasta diez años de cárcel para jóvenes entre 16 y 17 años, y de cinco años para los menores entre 14 y 16 años. Ante estas declaraciones del organismo de Naciones Unidas, el ministro del Interior, Francisco Vidal, dijo: "El ciudadano, hombre o mujer de 16 ó 17 años, que viola y asesina irá a la cárcel y si tiene delitos menores tendrá siete alternativas donde se les dará la posibilidad de la rehabilitación”.
Aun cuando según las declaraciones de la UNICEF la rehabilitación con la nueva ley es un simple eufemismo –con diez años de reclusión un joven pasa a la cárcel de adultos a entrenarse a tiempo completo en los rigores de la vida-, hay otras aprensiones que surgen de la falta de capacidad instalada para enfrentar la anunciada rehabilitación. La Fundación Paz Ciudadana, organismo ligado a El Mercurio que ha venido levantando el discurso de la delincuencia desde hace ya una década, ha señalado que el Sename no tendría la infraestructura para acoger a todos los jóvenes que podrían verse expuestos a la nueva normativa.
El argumento que impulsó esta nueva ley fue el aumento de los delitos en los que actúan menores de edad, a lo que se agregaba que la tendencia mundial para frenar el fenómeno es amplificar las penas. Es, por cierto, el eje argumental de Joaquín Lavín, que, en cierto modo, más allá de la artificial polémica electoral, es compartido a grandes rasgos por el gobierno. Decimos a grandes rasgos, porque ante la arremetida del terror levantada por los medios de comunicación y estimulada por la derecha, el gobierno y la Concertación sólo puede reaccionar. Una relación causa-efecto que silencia cualquier reflexión y propuesta. La candidata Michelle Bachelet, que tiene su propuesta en materia de Seguridad Ciudadana, ha puesto énfasis en control, pero también en la prevención, la que apuntaría –dijo en una de sus múltiples entrevistas radiales, ésta que citamos el viernes en Radio Futuro con Alejandro Guillier- que la verdadera prevención comienza en resolver los problemas de desigualdad social, lo que es, también dijo, meterse en cuestionar la estructura tributaria y hacer temblar a la derecha y al sector privado.
Si nadie quiere o puede tocar el verdadero problema –los expertos afirman que hay una relación directa entre una alta desigualdad social y alta delincuencia-, lo que nos espera es una reproducción y amplificación de las fórmulas de la derecha, tal vez con cárcel isla o campos de concentración. O tal vez con ideas surgidas desde la ciencia ficción, como Minority Report, de Philip Dick llevada al cine por Spielberg, con una sociedad que como método de prevención usa la represión antes que el delito ocurra. En cierto modo, es hacia donde vamos: la estigmatización de ciertos grupos y barrios, en los cuales todos o casi todos son o de alguna manera serán delincuentes. Allí, entonces, hay que reprimir antes que se produzca el delito.
En esa misma emisora –Radio Futuro- Gullier entrevistó a Jorge Correo Sutil, subsecretario del Interior. Hablando sobre el infame tema, Correa citó el caso de algunos estados de Estados Unidos en los cuales había bajado la delincuencia. Eran aquellos estados en los que se había despenalizado el aborto, lo que había disminuido el número de hijos no deseados. Por cierto que el subsecretario no estaba planteando nada de aquello, sólo lo citaba a modo de la complejidad de un fenómeno que no se resolverá ni con los gritos histéricos de Lavín ni de las señoras de La Dehesa ni con cárceles islas ni con mayores penas, que podrían, en un futuro no muy lejano, poner penas de reclusión a los parvularios.